Una serie de operativos preventivos ejecutados en áreas protegidas de la provincia de Guanacaste concluyó con la captura de cuatro hombres, quienes fueron interceptados mientras portaban armamento de fuego presuntamente destinado a la persecución y matanza de fauna silvestre. Las intervenciones se concentraron en zonas boscosas de alto valor ecológico ubicadas en la franja limítrofe entre los cantones de Liberia y La Cruz, un sector prioritario para la conservación ambiental en la frontera norte del país.
El resultado fue producto de un esfuerzo coordinado entre el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) y los oficiales de la Policía de Fronteras. Ambas dependencias mantenían patrullajes conjuntos con el propósito de mitigar la incursión de cazadores furtivos y contrarrestar diversas dinámicas delictivas que amenazan los recursos naturales en los perímetros protegidos costarricenses.
La primera de las intervenciones se desencadenó tras recibir reportes confidenciales que alertaban sobre constantes detonaciones provenientes de un sector montañoso. Al movilizarse al punto exacto, las unidades policiales lograron neutralizar a un primer sospechoso, identificado con el apellido Ponce, a quien se le incautó una escopeta de manufactura artesanal junto con cinco cartuchos útiles.
Poco tiempo después, las autoridades ambientales y fronterizas atendieron un escenario similar en un bloque de bosque cercano, donde también se habían escuchado ráfagas de disparos. En ese sitio, el contingente interceptó a otros tres individuos de apellidos Morales, Camareno y Centeno. Durante la revisión física, se constató que Morales portaba un arma de calibre .22 de fabricación casera; Camareno caminaba con un artefacto calibre 16 también artesanal, mientras que Centeno sostenía un arma industrial calibre 20 que presentaba su numeración de serie completamente borrada e ilegible.
Ante el hallazgo del armamento, los oficiales establecieron comunicación inmediata con los representantes de la Fiscalía de Liberia para recibir las directrices legales correspondientes. El Ministerio Público ordenó el decomiso inmediato de los cuatro dispositivos de fuego y la detención formal de todos los implicados, quienes fueron trasladados a los despachos judiciales para enfrentar los cargos relacionados con la aparente violación a las leyes de conservación de la vida silvestre.
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Costa Rica mantiene una política estricta en esta materia, consolidándose históricamente como la primera nación de América Latina en prohibir por completo la cacería de animales silvestres con fines deportivos o comerciales, una restricción legal que se encuentra plenamente vigente. Las autoridades confirmaron que el monitoreo en estas reservas forestales continuará bajo un estricto esquema de vigilancia.
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