El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador convocó a una movilización nacional a partir de este viernes 12 de junio. La medida surge en rechazo directo al aumento en el precio de los combustibles y a lo que califican como una “precarización en la vida” de la población. Las agrupaciones denuncian que las políticas económicas del Gobierno de Daniel Noboa golpean de forma desproporcionada a la clase trabajadora, los campesinos y las familias más vulnerables del país.
Edwin Bedoya, presidente del gremio, explicó que la eliminación del subsidio al diésel y el constante incremento bajo el sistema de bandas mensuales trasladan una presión insostenible a la economía. Según los dirigentes, el principal efecto de este ajuste se percibirá de forma inmediata en el costo del transporte de pasajeros y mercancías, lo que provocará un efecto dominó en los precios de los alimentos y la canasta básica. Los pequeños productores agrícolas también se verán afectados, ya que dependen del combustible para operar maquinaria, sistemas de riego y trasladar sus cosechas a los mercados urbanos.
A esta disconformidad se suma el descontento en el sector público. Los líderes sindicales estiman que unos 20.000 empleados estatales saldrán a las calles tras la reciente reducción del número de ministerios, los cuales pasaron de 14 a 10. Esta representa la segunda reforma institucional de este tipo implementada por la actual administración en menos de un año, lo que aviva la incertidumbre laboral en el país.
Brecha salarial y desempleo golpean a las familias
El deterioro del poder adquisitivo de los ecuatorianos se da en un escenario complejo de desempleo y subempleo. Los representantes sindicales alertaron que, actualmente, el costo de la canasta básica familiar supera los 800 dólares, mientras que el salario básico mensual se ubica en apenas 470 dólares. Esta disparidad obliga a la población de menores recursos a endeudarse, recortar gastos en alimentación o abandonar la atención médica básica.
En cuanto al mercado laboral, el FUT estima de manera preliminar que entre el 60% y el 65% de los trabajadores del país enfrentan condiciones de desempleo, subempleo o pobreza. Aunque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reporta una tasa de desempleo del 3,1% a abril de 2026, los datos revelan que el empleo adecuado apenas alcanza un 34,3%. Los sindicatos argumentan que la base de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se mantiene estancada en tres millones de personas, frente a una población económicamente activa de casi ocho millones.
Críticas a la macroeconomía y alertas de la inflación
La dirigencia social cuestionó fuertemente que las cifras macroeconómicas positivas reportadas por el Ejecutivo no se reflejen en la vida cotidiana de la ciudadanía. Pese al incremento en las reservas internacionales, el repunte de las exportaciones y la caída del Riesgo País a 397 puntos, los sectores sociales aseguran que estos indicadores solo benefician a las élites económicas y a la banca privada. El propio Banco Central de Ecuador había advertido que retirar el subsidio al diésel impactaría la inflación en 2026, por lo que los gremios califican la medida como un ajuste puramente político exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por otra parte, los trabajadores denunciaron un grave retroceso en materia de derechos laborales y garantías democráticas. Según el informe anual de 2026 de la Confederación Sindical Internacional, Ecuador vuelve a figurar como uno de los peores países en respeto a la libertad sindical. Bedoya también censuró la apertura de investigaciones fiscales y el congelamiento de cuentas bancarias a organizaciones aliadas como la Unión Nacional de Educadores y el colectivo ambientalista Yasunidos. Ante este panorama, el FUT confirmó que respaldará las iniciativas ciudadanas orientadas a promover una eventual revocatoria del mandato presidencial por el supuesto incumplimiento de las promesas electorales. El caso de las movilizaciones continúa en desarrollo.
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