El Colegio de Abogados propuso acercar al Ejecutivo y al Poder Judicial en medio de la disputa presupuestaria. El presidente de la Corte mostró apertura, pero estableció una línea central: conversar sobre cómo garantizar el funcionamiento de la justicia no significa negociar obligaciones que, a su criterio, ya están fijadas por la Constitución y la ley.